Propuestas de UP · Seguridad · Elecciones Autonómicas 2019 (Canarias)

Contexto

Unidas Podemos (UP) en 2019 se caracterizaba, en materia de seguridad, por un enfoque centrado en la prevención, la protección de derechos y la mejora de la respuesta institucional (coordinación, recursos y políticas sociales), más que en medidas punitivas masivas. En el debate sobre inmigración irregular, su posición histórica tiende a rechazar expulsiones automáticas y a priorizar la gestión ordenada y los derechos de las personas, vinculando seguridad y cohesión social.

Puntos principales

• Más prevención y cohesión social para reducir la inseguridad

UP suele vincular la criminalidad y la conflictividad con factores sociales (desigualdad, precariedad, falta de oportunidades), proponiendo políticas de inclusión, empleo y servicios públicos como vía para bajar la conflictividad y la delincuencia.

• Refuerzo de medios y coordinación policial/judicial, con enfoque de derechos

Su línea general es mejorar la eficacia de la seguridad mediante mejor coordinación, formación y dotación, evitando medidas que puedan vulnerar derechos fundamentales. En el ámbito autonómico, esto se traduce en apoyar estructuras de coordinación y programas de seguridad preventiva.

• Políticas específicas frente a violencia de género y delitos conexos

En la agenda de UP la seguridad incluye de forma central la protección integral (recursos, atención a víctimas, prevención y seguimiento), porque consideran que la seguridad no es solo “orden público”, sino también protección frente a violencias.

• Gestión de la inmigración irregular con enfoque humanitario y de integración

Frente a propuestas de expulsión drástica, UP tiende a defender que las respuestas deben ser reguladas, proporcionadas y respetuosas con derechos, apostando por vías de atención, coordinación con servicios sociales y medidas de integración para evitar guetos y tensiones.

• Lucha contra delitos de explotación y redes (trata, explotación laboral, economía sumergida)

UP suele priorizar combatir las estructuras criminales que se benefician de la vulnerabilidad (trata, redes de explotación y otras formas de criminalidad vinculadas a la irregularidad), más que castigar indiscriminadamente a las personas migrantes.

• Transparencia, control y mejora de prácticas institucionales en seguridad

Históricamente, UP impulsa mecanismos de rendición de cuentas, evaluación de políticas públicas y garantías de procedimiento, con el objetivo de que la seguridad se gestione con criterios de legalidad y proporcionalidad.

Posición comparativa

En comparación con Vox, UP es menos proclive a medidas “de choque” como expulsiones masivas o control fronterizo exclusivamente punitivo, y se inclina por gobernar la seguridad desde prevención, derechos e integración. Frente al PSOE, la diferencia suele estar en el énfasis: UP tiende a presionar para que la seguridad no se limite a mano dura, sino que incorpore con más fuerza políticas sociales, enfoque humanitario y medidas contra las causas y redes del delito.

Análisis y perspectiva

• En Canarias, donde la presión migratoria y la percepción de inseguridad pueden crecer, la estrategia de UP —centrada en prevención, derechos e integración— puede ser eficaz a medio plazo si va acompañada de recursos y coordinación real (servicios sociales, atención jurídica, programas de inclusión y refuerzo operativo).
• Sin embargo, su enfoque puede percibirse como insuficientemente “visible” para sectores que demandan respuestas inmediatas ante la inmigración irregular; ahí el reto político es demostrar que la gestión humanitaria puede coexistir con una respuesta contundente contra redes criminales y con mejoras medibles en seguridad ciudadana.