Propuestas de UP · Justicia · Elecciones Autonómicas 2023

Contexto

Unidas Podemos (UP) se caracteriza por una agenda de “justicia social” y garantías de derechos: refuerza el acceso a la justicia, la lucha contra la precariedad y la defensa de políticas de igualdad y no discriminación. En la dimensión autonómica, suele enfocarse en medios materiales y organizativos (turnos, oficinas, personal, mediación) más que en competencias penales o migratorias estrictamente estatales.

Puntos principales

• Acceso efectivo a la justicia y apoyo a la litigación de personas vulnerables

Impulso de medidas para que la tutela judicial no dependa de la renta: refuerzo de recursos de orientación jurídica, acompañamiento y apoyo a colectivos con mayores barreras (incluyendo víctimas y personas en riesgo de exclusión).

• Refuerzo de la justicia gratuita y de los servicios de asistencia y orientación

Propuestas orientadas a mejorar la dotación, tiempos y cobertura del sistema de justicia gratuita y de asistencia legal, buscando reducir demoras y desigualdades territoriales.

• Lucha contra la precariedad en la administración de justicia (personal y medios)

En línea con su enfoque laboral y de calidad del servicio público, UP suele defender más estabilidad/recursos para personal y mejoras organizativas para evitar colapsos: refuerzo de equipos, modernización y dotación de medios donde haya déficit.

• Protección y atención a víctimas (violencias y delitos con especial impacto social)

Prioridad a dispositivos de atención integral (información, acompañamiento, orientación y coordinación) para víctimas, con especial énfasis en violencia de género y otras violencias que requieren itinerarios de protección.

• Mediación y soluciones extrajudiciales con garantías

Defensa de la mediación y de mecanismos alternativos para ciertos conflictos, con reglas claras de acceso, voluntariedad y protección de derechos, para descongestionar y mejorar la eficiencia del sistema.

• Enfoque de derechos frente a la exclusión y la discriminación

UP tiende a incluir políticas para combatir discriminación (por origen, situación administrativa, género u otras circunstancias) y promover actuaciones que eviten que colectivos vulnerables queden fuera de la protección institucional.

> Nota de coherencia competencial: en inmigración “ilegal” y seguridad, UP suele insistir en que el marco penal y de fronteras es principalmente estatal; en lo autonómico, su enfoque se desplaza a derechos, acceso a servicios y prevención de desigualdades que agravan conflictos sociales.

Posición comparativa

Frente a Vox, UP no suele defender expulsiones o endurecimiento drástico como eje, y tiende a priorizar garantías de derechos, atención a víctimas y acceso a recursos públicos. En comparación con PSOE, su diferencia suele estar en el énfasis: UP empuja más medidas de refuerzo social (justicia gratuita, atención integral, mediación con garantías) y un enfoque más explícito de igualdad y no discriminación, aunque ambos partidos puedan converger en la defensa de un sistema judicial accesible.

Análisis y perspectiva

Estas propuestas son plausibles en términos de gestión autonómica (medios, coordinación, servicios de apoyo), pero su impacto en “seguridad ciudadana” e “inmigración” es indirecto: pueden mejorar la capacidad del sistema para atender conflictos y víctimas, aunque no sustituyen el control fronterizo o la política migratoria estatal. La viabilidad dependerá de la disponibilidad presupuestaria y de la coordinación con Justicia/Interior; si se implementan con indicadores de tiempos y cobertura real, podrían traducirse en mejoras concretas, pero si quedan en medidas genéricas, el efecto sobre la percepción social del problema (especialmente en contextos de tensión migratoria) puede ser limitado.