Propuestas de UP · Justicia · Elecciones Autonómicas 2026

Contexto

Unidas Podemos (UP) suele enmarcar la “justicia” como un eje de derechos, acceso universal y fortalecimiento institucional, con especial atención a la tutela judicial efectiva, la protección de colectivos vulnerables y la lucha contra la corrupción. En el ámbito autonómico, sus propuestas se enfocan sobre todo en medios personales y materiales, políticas de apoyo a la ciudadanía y coordinación con la Administración de Justicia.

Puntos principales

• Refuerzo del acceso a la justicia y del turno de oficio

Impulsaría medidas para garantizar una atención eficaz a personas con menos recursos, ampliando dotaciones y mejorando tiempos y cobertura del sistema de asistencia jurídica gratuita.

• Mejora de la mediación y vías alternativas de resolución de conflictos

Promueve la mediación (especialmente en ámbitos como familia, consumo o conflictos comunitarios) para descongestionar juzgados y ofrecer soluciones más rápidas y restaurativas.

• Lucha contra la corrupción con transparencia y control

Históricamente UP prioriza la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de órganos de control y mecanismos de publicidad activa, con un enfoque de integridad pública.

• Políticas de seguridad jurídica y protección de víctimas

Apoyaría redes y recursos para víctimas (atención psicológica, asesoramiento y acompañamiento), con protocolos de coordinación entre servicios autonómicos y los órganos judiciales.

• Formación con enfoque de derechos (igualdad, violencia, diversidad)

Suele plantear formación y protocolos para profesionales vinculados al sistema (servicios sociales, atención a víctimas y dispositivos de apoyo), incorporando perspectiva de género, derechos humanos y no discriminación.

• Enfoque garantista ante la inmigración y la respuesta al fenómeno irregular

En lugar de medidas punitivas generalistas, UP tiende a defender un tratamiento basado en derechos: regularización y protección de garantías, coordinación institucional y lucha contra la explotación y las redes de trata/tráfico, evitando que la respuesta se traduzca en criminalización indiscriminada.

Posición comparativa

Frente a Vox, UP suele rechazar salidas “drásticas” de expulsión y prioriza respuestas garantistas y centradas en derechos, además de combatir redes delictivas específicas. Respecto a PSOE, UP tiende a ser más exigente con la ampliación de recursos y con la transparencia/anti-corrupción, aunque normalmente comparte líneas básicas de mantenimiento del Estado de derecho y protección social.

Análisis y perspectiva

En Castilla y León, el impacto de estas propuestas dependerá de la capacidad autonómica real para incidir en Justicia (medios, coordinación y apoyo a víctimas) y de su financiación. El principal punto de fricción política estará en cómo se interprete el “garantismo” en un contexto de preocupación por inmigración irregular: UP probablemente intentará encajar seguridad y derechos mediante un enfoque en redes de explotación y garantías procesales, pero puede chocar con una parte del electorado que demande medidas más coercitivas o inmediatas.