Propuestas de UP · Justicia · Elecciones Autonómicas 2023

Contexto

Unidas Podemos (UP) suele enmarcar la “justicia” en una visión amplia: acceso efectivo a derechos, garantías legales, reducción de desigualdades y refuerzo de servicios públicos (incluida la atención a víctimas y la mediación). En el plano migratorio, su enfoque histórico tiende a priorizar el respeto a derechos, la regularización/acompañamiento y la gestión ordenada con enfoque humanitario, evitando respuestas meramente punitivas.

Puntos principales

• Garantía de derechos y acceso a la justicia

Plantea mejorar el acceso a la tutela judicial y a los servicios de orientación/asesoramiento legal, especialmente para colectivos vulnerables (incluidos migrantes en situación irregular), con un énfasis en que la protección de derechos no dependa del estatus administrativo.

• Enfoque de derechos en la atención a migrantes y solicitantes

Defiende que cualquier respuesta institucional vinculada a migración se haga con garantías: información clara, procedimientos con control y respeto a derechos fundamentales, evitando prácticas que puedan derivar en indefensión o trato degradante.

• Refuerzo de políticas de convivencia y prevención de conflictos

Tiende a impulsar medidas preventivas (mediación comunitaria, programas de convivencia, trabajo social en barrios) como alternativa a la lógica exclusivamente sancionadora. En un contexto de tensión social por inmigración, su idea es reducir caldo de cultivo mediante intervención social y coordinación administrativa.

• Lucha contra el racismo, la xenofobia y la violencia de género

UP suele incorporar en su agenda mecanismos para combatir delitos de odio y discriminación, así como reforzar protección y recursos específicos para víctimas (particularmente en violencia de género), articulando formación y protocolos.

• Transparencia, control y calidad institucional en la gestión pública

En justicia y seguridad, suele insistir en auditorías, rendición de cuentas y mejora de procedimientos para evitar arbitrariedades y mejorar la eficacia de la intervención pública, incluyendo el uso responsable de recursos.

• Políticas sociales como “infraestructura” de seguridad

Históricamente, UP vincula seguridad ciudadana con derechos sociales: empleo, vivienda, educación y atención a necesidades básicas. La premisa es que la exclusión incrementa conflictividad y que la justicia preventiva reduce problemáticas a medio plazo.

Posición comparativa

Frente a Vox, UP se opone a enfoques centrados en expulsiones masivas y controles desproporcionados, defendiendo garantías y un marco de derechos. En comparación con PSOE, suele ser más exigente en el enfoque de derechos y en el énfasis en políticas sociales y de prevención, aunque comparte con ambos la necesidad de gestionar la inmigración de forma ordenada.

Análisis y perspectiva

En Melilla, donde la presión migratoria y la tensión social son especialmente sensibles, el enfoque de UP puede tener impacto positivo si se traduce en mayor capacidad de mediación, atención social y asesoramiento legal efectivo; sin embargo, su viabilidad política y su efecto inmediato sobre la percepción de “control” pueden ser menores frente a propuestas más punitivas, especialmente en un clima de preocupación por seguridad y gasto público. El principal reto sería equilibrar garantías y derechos con mecanismos operativos que reduzcan conflictos y costes de forma verificable (coordinación interadministrativa, tiempos de tramitación y recursos reales para intervención social).