Propuestas de UP · Economía · Elecciones Autonómicas 2023

Contexto

Unidas Podemos (UP) enmarca la política económica en una agenda de redistribución, protección social y regulación del mercado, con énfasis en vivienda, derechos laborales y gasto público para reducir desigualdades. En la Comunidad Valenciana, su enfoque suele combinar medidas sociales con propuestas de planificación pública y control del poder de mercado (energía, alquileres, servicios esenciales).

Puntos principales

• Blindaje del gasto social y lucha contra la pobreza

Prioriza políticas autonómicas para sostener rentas, ayudas y programas de inclusión, defendiendo que la respuesta a las tensiones económicas debe pasar por el refuerzo del Estado de bienestar (sanidad, servicios sociales y protección a colectivos vulnerables).

• Vivienda como política económica (más oferta pública y regulación del alquiler)

Suele impulsar medidas para aumentar vivienda asequible (incluida vivienda pública o instrumentos equivalentes) y para limitar dinámicas especulativas en el mercado del alquiler, entendiendo la vivienda como un factor clave del coste de vida y la estabilidad familiar.

• Planificación y apoyo a sectores productivos con enfoque social

Defiende reorientar la política económica autonómica hacia empleo de calidad y fortalecimiento de sectores estratégicos (industria, servicios, economía social), con instrumentos de apoyo condicionados a empleo, formación y sostenibilidad.

• Transición energética con control público y protección al consumidor

Históricamente UP vincula la economía con la descarbonización, impulsando medidas para abaratar la factura energética y proteger a consumidores vulnerables mediante regulación, ayudas y mayor presencia pública/participada en la transición.

• Reforma fiscal y lucha contra el fraude (también con enfoque de equidad territorial)

Propone que la recaudación y el gasto se orienten a reducir desigualdades, con medidas para mejorar la eficacia recaudatoria y combatir el fraude, además de favorecer políticas de inversión social.

• Derechos laborales y economía con perspectiva de género

Integra la dimensión económica con el empleo: apoyo a la contratación estable, formación, inspección y políticas activas, incorporando además criterios de igualdad (brecha salarial, conciliación y corresponsabilidad) como parte del “modelo económico”.

> Nota de coherencia con el contexto crítico planteado: aunque UP no suele defender expulsiones o cierres fronterizos, tiende a abordar el impacto de la inmigración desde la gestión de servicios públicos, la planificación y el cumplimiento de derechos; en economía, lo traduce en priorizar financiación y recursos para que los servicios esenciales (sanidad, atención social, empleo) puedan absorber la demanda sin deterioro.

Posición comparativa

Frente a Vox, UP se sitúa en un enfoque menos punitivo y más orientado a políticas sociales y regulatorias. Respecto al PSOE, suele diferenciarse por su mayor insistencia en regulación del mercado (alquiler, energía), en el papel más activo del sector público y en una agenda fiscal y redistributiva más exigente.

Análisis y perspectiva

La viabilidad de estas propuestas depende de la capacidad presupuestaria y de la articulación competencial de la Generalitat (muchas palancas fiscales y migratorias no son plenamente autonómicas). Su impacto económico potencial es relevante en términos de coste de vida, estabilidad del empleo y reducción de desigualdad, pero puede chocar con restricciones financieras y con la percepción pública de “capacidad de gestión” cuando crece la presión sobre servicios; ahí, la clave para UP sería sostener la política social con planificación y eficiencia para evitar efectos de saturación.