Propuestas de PP · Justicia · Elecciones Autonómicas 2023

Contexto

El PP, en el marco de sus posiciones nacionales y autonómicas, tiende a vincular la política de seguridad y el funcionamiento de la justicia con la eficiencia institucional, el cumplimiento de la ley y la reducción de la impunidad. En Ceuta, donde la presión migratoria y la conflictividad social han sido especialmente sensibles, su enfoque suele conectar Justicia con orden público y garantías para la convivencia.

Puntos principales

• Fortalecimiento de la actividad judicial y agilización de procedimientos

Defiende medidas para reducir la demora en la tramitación y mejorar la respuesta ante delitos, apoyándose en la idea de que una justicia lenta reduce el efecto disuasorio y la confianza ciudadana.

• Coordinación interinstitucional para perseguir delitos y garantizar seguridad jurídica

Propone reforzar la coordinación entre administraciones (y, en el plano autonómico, con los cuerpos y servicios implicados) para que la persecución penal y la atención a víctimas sea más efectiva y “sin fallos de encaje”.

• Refuerzo de la protección a víctimas y atención a colectivos vulnerables

En línea con su trayectoria, impulsa políticas de apoyo a víctimas (información, asistencia y recursos) y un trato institucional que priorice la reparación y la tutela de derechos.

• Prevención del delito con enfoque de convivencia y cumplimiento normativo

Aunque la prevención no es “solo justicia”, el PP suele integrar prevención y justicia: programas y actuaciones orientadas a reducir reincidencia, mejorar la convivencia y reforzar el carácter sancionador/corrector del sistema.

• Aplicación estricta del marco legal en materia migratoria y de orden público (como soporte de la justicia)

Sin entrar en detallar expulsiones (competencias estatales), su postura suele apuntar a que el sistema de justicia y las instituciones autonómicas deben apoyar el cumplimiento de la legalidad frente a situaciones de inmigración irregular que alteren la seguridad y el gasto público.

• Eficiencia del sistema de recursos públicos ligados a Justicia y servicios sociales de apoyo

Tiende a argumentar que la sostenibilidad del gasto y la correcta asignación de recursos (incluidos los vinculados a atención a urgencias sociales y situaciones de vulnerabilidad) es clave para que el sistema no se “desborde”, afectando a la capacidad de respuesta institucional.

Posición comparativa

Frente a Vox, el PP suele ser menos maximalista en el discurso de expulsión y más proclive a enmarcar el problema en el cumplimiento legal y la eficacia institucional. Respecto a PSOE y Podemos, el PP suele criticar políticas que percibe como más garantistas o “socialmente expansivas” (según la lectura de sus adversarios) por su posible impacto en el orden público y en la sostenibilidad del sistema.

Análisis y perspectiva

En Ceuta, la viabilidad política del PP pasa por presentar Justicia como disuasión y capacidad de respuesta (agilidad, coordinación y protección de víctimas), evitando promesas que dependan solo del Estado. El impacto real dependerá de cuánto pueda la administración autonómica coordinarse y financiar/organizar recursos, porque la parte más directa de persecución penal y control fronterizo corresponde principalmente a competencias estatales; aun así, su narrativa encaja con la preocupación social por inmigración irregular, seguridad ciudadana y presión sobre servicios públicos.